JUSTICIA PONE LA LUPA SOBRE COLEGIO DE CHIQUINQUIRÁ

Tunja, 3 de noviembre de 2026 – Grietas, humedades, techos deteriorados y espacios fuera de servicio hacen parte del panorama que enfrenta la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, en Chiquinquirá.

La problemática se agravó el pasado 12 de mayo de 2026, cuando se registró el colapso parcial de una cubierta en la sede central. Desde entonces, varios techos han tenido que ser restringidos para evitar accidentes. También se reportan vidrios rotos, cielorrasos en mal estado y acumulación de escombros.

A las afectaciones estructurales se suman los problemas sanitarios. La presencia de palomas y roedores, junto con la acumulación de excrementos y basuras, representa un riesgo para la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. También se han señalado deficiencias en los servicios básicos de algunas sedes.

Una situación que ha afectado el funcionamiento de la institución y las condiciones en las que cerca de 1.800 estudiantes reciben sus clases.

Ante la persistencia de estos problemas, la justicia volvió a intervenir. El Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja abrió un incidente de desacato para establecer si las autoridades responsables han cumplido las órdenes judiciales encaminadas a proteger a la comunidad educativa.

En este procedimiento fueron vinculados el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro Casas; el entonces director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, Jaisson Alfredo Carreño; y Dayana Juliana Rodríguez Osorio, directora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chiquinquirá.

Aunque el juzgado reconoció que se han adelantado algunas acciones, como la reubicación de estudiantes y el cierre de zonas peligrosas, advirtió que estas medidas no han sido suficientes. En la sede central persisten los daños en las cubiertas, las afectaciones estructurales y los problemas sanitarios.

Por esta razón, los cuatro funcionarios tendrán cinco días, contados a partir de la recepción de la comunicación, para presentar sus explicaciones y demostrar las gestiones realizadas.

La decisión judicial también establece medidas que deben atenderse de manera inmediata. La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Chiquinquirá deberán coordinar, en un plazo máximo de diez días, el retiro y la disposición final de los escombros acumulados. También tendrán que realizar jornadas de limpieza y desinfección e instalar barreras físicas para impedir el ingreso de aves a las zonas afectadas.

En cuanto a la solución definitiva, la Gobernación informó que trabaja en la formulación de un proyecto para intervenir integralmente la infraestructura y reemplazar la cubierta de la sede central. La inversión preliminar estimada se acerca a los 1.500 millones de pesos.

Por otra parte, la rectora encargada de la institución fue desvinculada del incidente, luego de que el juzgado reconociera que cumplió las actuaciones correspondientes a sus competencias, entre ellas la reubicación de estudiantes de primaria en la Institución Educativa Pío Alberto Ferro Peña y la restricción del acceso a las áreas de peligro.

Cabe aclarar que la apertura del incidente no representa una sanción ni significa que los funcionarios hayan sido declarados responsables. El procedimiento busca determinar si existió incumplimiento de las órdenes judiciales.

Mientras avanza este proceso, la comunidad educativa espera que las acciones anunciadas se conviertan en soluciones concretas. La recuperación de las instalaciones no puede seguir aplazándose, pues está en juego la seguridad de cientos de niños y jóvenes que necesitan espacios adecuados para estudiar.

La protección de la comunidad educativa exige respuestas oportunas y obras que garanticen condiciones dignas y seguras.

Redactado por: Nicolle Deantonio – Periodista.